Ahora es por irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis
Una nueva polémica sacude al Gobierno que no para de recibir denuncias. Tras la denuncia penal presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis. La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, del monobloque Coherencia, y ya tomó intervención la Justicia.
El escrito apunta a posibles delitos vinculados a la administración pública en procesos realizados entre 2025 y 2026. Uno de los ejes centrales es una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, que habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para servicios de mensajería masiva, como envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
Según la denuncia, en ese proceso se detectaron posibles vínculos societarios entre distintas empresas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría haber afectado la transparencia y la competencia. Además, se señalan variaciones de precios y la reiteración de firmas relacionadas, lo que abre la sospecha de una posible “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
“Simulación de competencia”
Adorni pagó 2,5 millones de dólares en mensajes masivos a una empresa que compite contra sí misma.
Eso adjudicó Manuel Adorni el 30 de diciembre de 2025 —en silencio, entre fiestas— a la empresa ATX SA. Primero lo hizo como secretario de Comunicación cuando lanzó la licitación en mayo. Después lo firmó como jefe de Gabinete cuando la cerró en diciembre. El mismo hombre. Las dos puntas del contrato.
Lo que compró el Estado: 36 millones de SMS. 600 millones de mails. 12 millones de llamadas automatizadas. Para 2026. Sin que nadie haya explicado para qué, a quiénes ni con qué datos.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade cruzó los registros societarios con las actas de apertura del sistema oficial de compras. Lo que encontró es manual de licitación trucada.
Se presentaron tres empresas y dio la casualidad que las tres se conocían: ATX SA, Area Tech SA y Movilgate SRL. tres nombres pero una sola red.
Cómo es la red
Area Tech comparte domicilio en Pedro Chutro, Parque Patricios con ATX. Su presidente, Pablo Casal, fue socio del presidente de ATX, Rubén Santiago Ward, en Lugalu SA —misma dirección—. Area Tech no presentó garantía de oferta. Quedó afuera. Así funciona la puesta en escena: una empresa se cae para que parezca que hubo competencia. Rodrigo Páez Canosa, director suplente de ATX, trabajó en Area Tech, en Lugalu y en Movilgate.
La concesión de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. En este caso, la denuncia menciona un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculadas a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
El documento también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, de confirmarse, podría configurar un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública. Por estos hechos, la denunciante considera que podrían existir delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En este contexto, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de distintas medidas de prueba para determinar las responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos que viene acumulando Manuel Adorni desde hace tiempo. No se trata de una situación aislada ni reciente, sino de un conjunto de denuncias y críticas que se arrastran desde etapas anteriores de su carrera pública, muchas de ellas vinculadas a su rol en la comunicación oficial y a presuntas irregularidades en la gestión. Aunque varias de esas presentaciones no avanzaron en la Justicia, el volumen y la continuidad de los señalamientos volvieron a ponerlo en el centro de la escena política, ahora con un caso de alto impacto económico e institucional.
El punto más crítico gira en torno a la falta de explicaciones: ¿a quién se enviarían esos 648 millones de mensajes, con qué base de datos y qué contenido tendrían? Tampoco está claro quién autorizó el uso de datos personales para ese tipo de campañas. Según la denuncia, ninguna de las licitaciones responde estas preguntas clave y hasta el momento ningún funcionario dio explicaciones públicas, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del proceso.