PolíticaReforma penal en debate
En el marco del debate por la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el legislador de Encuentro Federal Miguel Pichetto expresó su acuerdo con bajar la edad de punibilidad a los 14 años, aunque puso en duda que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para implementar la norma.
“Estoy de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años”, sostuvo el diputado, pero inmediatamente advirtió: “Dudo que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”. En esa línea, remarcó que “los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes” y alertó sobre los altos costos que implicaría la infraestructura necesaria para el nuevo régimen.
Pichetto detalló que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, y planteó que la aplicación efectiva de la ley requerirá inversiones millonarias en establecimientos adecuados para menores. Por ello, propuso que la norma incluya una cláusula especial que contemple la realidad de cada jurisdicción.
“Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”, subrayó, marcando una postura federal en el debate.
El diputado también enmarcó la discusión en un contexto político más amplio. “Estamos frente a un viejo debate y circular en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, analizó, al señalar que la cuestión reaparece periódicamente en la agenda pública.
En ese sentido, fue crítico con algunos sectores del oficialismo y apuntó indirectamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según expresó, se trata de “medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14, quisieran 13 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”.
Así, Pichetto dejó en claro su respaldo a la reducción de la edad de imputabilidad, pero condicionó su acompañamiento definitivo a que el proyecto contemple financiamiento real y un esquema de implementación viable para las provincias.
