PolíticaHubo quejas por dejar de lado una urgencia: Inundaciones
"La hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida y el alimento que les permite entrar en contacto con sus deidades y ancestros. Para otros, es vista como una causa de locura y dependencia. Por siglos, fue considerada como planta de virtudes extraordinarias hasta que extrajeron de la planta la cocaína, transformándola de panacea a un arma fatal. Los intereses políticos y económicos penalizaron a la planta sagrada, condenándola a desaparecer", expuso el senador originario de Iruya, Walter Cruz, sobre la importancia de esta práctica ancestral frente a la aprobación del DNU para exámenes toxicológicos a funcionarios, que puede activar alarmas equivocadas.
“Muchos abrazaron esta práctica por sus beneficios: disminuye el cansancio, el hambre y el frío. Esto explica por qué la consumen mucho los que tienen vidas sacrificadas y con dificultades, sobre todo en zonas andinas. Es rica en propiedades medicinales comprobadas, nutritiva en sales minerales y vitaminas”, agregó en su defensa al consumo de esta planta, que además se acompaña en las regiones mencionadas con yista, es natural, aunque lamentablemente reemplazada por el bicarbonato que no es tan sano, precisó.
El senador advirtió que la "planta maldita” como le llamaron los occidentales en la conquista, tiene como riesgo la transformación química en la cocaína, pero contiene una riqueza en nicotina que representa una amenaza para las empresas tabacaleras, por eso se esconden intereses económicos detrás.
Salta aprobó el DNU de narcotest con pedidos de reglamentación y debate por la hoja de coca
La Legislatura provincial dio curso al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 32, impulsado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para asumir o permanecer en cargos públicos.
El expediente N° 90-34.090/2026 fue remitido a las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social, y de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial.
El decreto dispone que funcionarios de los tres poderes del Estado —incluidos gobernador, ministros, legisladores, magistrados, intendentes y concejales— deberán someterse a controles sorpresivos mediante test rápidos homologados. En caso de resultado positivo, se prevé análisis confirmatorio, cadena de custodia y posibilidad de contraprueba. La negativa injustificada equivale a resultado positivo.
Apoyos y condiciones
La senadora por Anta, Alejandra Navarro, felicitó al Ejecutivo por la implementación del narcotest y sostuvo que los exámenes toxicológicos deberían convertirse en un requisito permanente para ejercer cargos públicos, en línea con iniciativas como “ficha limpia” vinculadas a antecedentes penales.
Desde la oposición, el diputado Roque Cornejo cuestionó la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el DNU y señaló que existen otras urgencias provinciales, como inundaciones y emergencias sociales. No obstante, manifestó que acompañan la iniciativa, aunque advirtió que el texto “así como está no se puede aplicar” y requiere reglamentación precisa para garantizar su viabilidad jurídica.
El debate por la hoja de coca
Uno de los puntos más sensibles del debate lo planteó el senador Walter Cruz, quien pidió que la normativa no afecte el consumo tradicional de hoja de coca en comunidades indígenas.
El legislador reclamó que la reglamentación contemple las prácticas culturales vinculadas al “coqueo” y respete la normativa superior en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Se entiende por coquear al acto de mascar hojas de coca, formando un bolo llamado “Acuyico”, el cual se mantiene en la boca durante horas en presencia de un compuesto básico para extraer pequeñas cantidades de alcaloides de la hoja de coca. El consumo de las hojas de cocas contrarresta la sensación de hambre o sed, reduce la fatiga y el sueño, manteniendo a la persona despierta y activa.
En 1989 se aprobó en nuestro país la ley que se conoce como “LEY NACIONAL DEL COQUEO” – LEY 23737 que en su artículo 15 proclama: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.” Esta ley protege el hábito y costumbre ancestral del coqueo.
La Dra. Pamela Dietrich, magíster Internacional en Toxicología, indicó que un trabajador que coquea puede a arrojar un resultado positivo en un examen de cocaína como droga de abuso tanto en el screening como en el método confirmatorio, aunque no haya consumido cocaína.
Hygrina y Cuscohigrina son alcaloides presentes en la hoja de coca que no se encuentran en las muestras de cocaína preparadas para consumo. Estos alcaloides se pierden en las primeras etapas de extracción y purificación de la droga de abuso.
Detectamos la presencia de Hygrina y Cuscohigrina en muestras de orinas de coqueadores o consumidores de hojas de coca, aunque éstos alcaloides se encuentran ausentes en la orina de consumidores exclusivos de cocaína como droga de abuso.
Por tal razón propone la búsqueda de Hygrina y Cuscohigrina en la orina como una herramienta útil para diferenciar el coqueo del cocainismo.
Cabe recordar que el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, le confirmó a Gente de Salta que las muestras serán de orina, a pesar de la prueba piloto “de cine” que le hicieron al gobernador Gustavo Sáenz con una supuesta y cuestionada por profesionales, rinoscopia.
Interrogantes abiertos
Aunque el DNU fue aprobado y celebrado por el oficialismo como una medida de transparencia institucional, quedaron planteados varios interrogantes:
- ¿Qué tipo de test se utilizarán y con qué margen de error?
- ¿Cómo se garantizará la confidencialidad y protección de datos?
- ¿Qué autoridad será designada como órgano de aplicación?
- ¿Cómo se abordará el consumo cultural de hoja de coca?
- ¿Podría judicializarse la norma por afectar derechos individuales?
Salta se convierte así en una de las primeras provincias en avanzar con un esquema obligatorio de narcotest para funcionarios, en un contexto de creciente demanda social por mayor control y transparencia en la función pública, pero con un debate aún abierto sobre su implementación concreta y sus alcances culturales y constitucionales.