Excluye proyectos chicos o de comunidades indígenas
La Provincia de Salta avanzó en la reglamentación de la Resolución 235 con la publicación de su anexo técnico, que establece en detalle cómo deberán diseñarse, evaluarse y ejecutarse los proyectos que afecten bosques nativos.
La normativa, alineada con la Ley Nacional 26.331, introduce un esquema más sistemático pero también más exigente para productores, empresas y organizaciones.
El reglamento alcanza a todos los bosques nativos —tanto originales como regenerados—, aunque excluye proyectos menores a 10 hectáreas cuando pertenecen a comunidades indígenas o pequeños productores.
Cinco tipos de planes obligatorios
Uno de los ejes centrales es que cualquier intervención deberá contar con autorización previa mediante un plan específico. Se establecen cinco tipos:
- Conservación
- Manejo y conservación
- Manejo productivo (forestal, reforestación, agroforestal)
- Manejo con ganadería integrada
- Cambio de uso del suelo (desmonte)
Sin este paso, no se podrá realizar ninguna actividad. Además, los proyectos deberán incluir estudios exhaustivos, entre ellos:
- Inventario forestal detallado
- Relevamiento de fauna y biodiversidad
- Estudios de suelo, clima e hidrología
- Análisis socioeconómico del área
- Evaluación de impacto ambiental (en muchos casos obligatoria)
Además, deberán presentar cartografía digital precisa (georreferenciada) y sistemas de monitoreo.
Límites claros al desmonte
Para los casos de cambio de uso del suelo, la norma fija restricciones según la pendiente del terreno:
- En zonas planas: hasta 60–70% del área puede transformarse
- En pendientes medias: se reduce el porcentaje desmontable
- En pendientes altas: al menos 60% debe conservar bosque
También se exige mantener:
- Áreas de reserva intangibles
- Cortinas forestales obligatorias
- Protección de cursos de agua
El modelo de manejo con ganadería integrada (MBGI) queda habilitado, pero con estas condiciones:
- Solo se puede remover hasta el 30% de la vegetación
- Debe conservarse el 70% del bosque
- Se exige un 20% del predio como reserva
- Se prohíbe fragmentar ecosistemas
Los proyectos grandes deberán ejecutarse por módulos (hasta 1.500 o 3.000 hectáreas según el caso), con controles intermedios: Cada etapa requiere aprobación, se deben presentar informes de avance. Sin validación oficial, no se puede continuar.
El nuevo esquema busca ordenar un sistema que hasta ahora tenía reglas dispersas. A cambio, impone mayores exigencias técnicas y administrativas.
El resultado es un modelo que combina mayor control ambiental, planificación obligatoria a largo plazo y condiciones más claras para producir.
Aunque la norma no modifica las categorías de protección vigentes, su aplicación concreta será clave. El equilibrio entre producción y conservación —especialmente en zonas de expansión agropecuaria— seguirá siendo el principal punto de tensión. En ese escenario, la Resolución 235 no redefine el modelo, pero sí establece con mayor precisión cómo debe aplicarse.