La boda celebrada el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en Corrientes, entre Solange Ayala e Isaías Díaz Núñez no tendrá validez para la Iglesia Católica. El Arzobispado confirmó que la unión será anulada por decreto al considerar que no se cumplieron las condiciones esenciales que exige el Derecho Canónico para la validez del sacramento del matrimonio.
La decisión fue comunicada días después de que el caso se hiciera público y generara un fuerte debate tanto dentro como fuera de la comunidad católica.
Solange Ayala, mujer trans de nacimiento varón, e Isaías Díaz Núñez, hombre trans de nacimiento mujer, contrajeron matrimonio según el rito católico con una ceremonia oficiada por el padre Fernando Luis Gómez.
Según relató Ayala a Radio Sudamericana, la pareja se acercó al sacerdote, mantuvo entrevistas previas y cumplió con los pasos habituales. De acuerdo con su versión, el cura habría consultado la situación con el arzobispo José Adolfo Larregaín y les comunicó que, en términos biológicos, se trataba de un hombre y una mujer, por lo que no habría objeción para administrar el sacramento.
La ceremonia se realizó con normalidad, incluyó el ingreso de la novia acompañada por su padre y contó con la presencia de amigos y allegados, entre ellos personas del colectivo trans. Videos del casamiento circularon en redes sociales y rápidamente el hecho tomó notoriedad nacional e internacional.
Ayala sostuvo que el objetivo también era visibilizar una realidad dentro de espacios históricamente cerrados a la diversidad. Admitió además que no se consideraban católicos fervientes, aunque defendió la legitimidad del pedido.
El planteo y la decisión del Arzobispado
Tras la difusión del caso, la Arquidiócesis de Corrientes emitió un comunicado en el que recordó que el matrimonio sacramental requiere el cumplimiento de condiciones esenciales de validez y licitud establecidas por el Derecho Canónico y la tradición de la Iglesia.
El documento señaló que la omisión de esas condiciones puede distorsionar el significado del sacramento y generar confusión entre los fieles. También indicó que la sede arquidiocesana no recibió la documentación eclesiástica requerida para este tipo de celebraciones.
En diálogo con el medio Crux, el arzobispo Larregaín explicó que, en circunstancias como estas, el matrimonio es considerado nulo ipso facto, es decir, nulo por el hecho mismo, porque no reúne los requisitos de “materia y forma” que exige la Iglesia para la validez del sacramento. Aunque la nulidad sería automática desde el punto de vista jurídico-canónico, se emitirá un decreto formal para dejar constancia oficial de la decisión.
Larregaín remarcó que la Iglesia está llamada a acoger a todas las personas, incluidas las transgénero, pero que esa acogida no implica administrar sacramentos cuando no se cumplen las condiciones doctrinales establecidas. También aludió a la declaración Fiducia Supplicans del Papa Francisco, que permite bendiciones pastorales pero distingue claramente esas acciones del rito sacramental del matrimonio.
La posición de la parroquia y las medidas internas
En un comunicado separado, la parroquia Nuestra Señora de Pompeya recordó que el matrimonio cristiano exige libertad, capacidad para contraerlo, ausencia de impedimentos canónicos y consentimiento verdadero.
Sin brindar detalles por respeto a la privacidad de los involucrados, el sacerdote Fernando Gómez reafirmó su compromiso con una pastoral unida a la doctrina y anunció que se reforzarán los procedimientos de entrevista y verificación para evitar situaciones similares.
Reacciones y debate en la comunidad
El caso generó controversia y dividió opiniones en la sociedad. Por un lado el abogado canonista Ricardo Lugo sostuvo que, desde su punto de vista, se habrían cumplido requisitos civiles y eclesiásticos en función de la diferencia de género registrada por la pareja. También señaló que la mayoría de la comunidad local no manifestó oposición, aunque un grupo presentó una queja ante el arzobispo, lo que derivó en la apertura del procedimiento canónico.
Por otro lado, Corrientes, caracterizada como una comunidad más conservadora y tradicional, vivió el episodio con repercusiones dispares, aunque el debate trascendió rápidamente la provincia.
Por su parte, el activista católico LGBT Sergio Petroni consideró que los cambios estructurales en la Iglesia respecto al matrimonio entre personas LGBT avanzan con extrema lentitud y que cualquier modificación en ese sentido implicaría tensiones internas profundas.