Sociedad"Se avanzó muy poco en la causa judicial”
La conmoción y el dolor continúan golpeando a las familias de Emanuel Aguirre y Raúl Torres, los dos operarios de Aguas del Norte que murieron mientras realizaban tareas en un pozo cloacal en Rivadavia Banda Sur. A casi dos semanas del hecho, los familiares denuncian que la causa judicial avanza lentamente y apuntan directamente contra las condiciones laborales en las que trabajaban las víctimas.
El testimonio del trabajador sobreviviente, según relató Aguirre, habría confirmado las graves falencias en materia de seguridad e higiene. “Dijo que efectivamente no tenían los elementos necesarios para resguardar su vida”, aseguró.
La familia denuncia que los operarios no contaban con arneses, máscaras ni equipos para medir gases tóxicos dentro del pozo cloacal. “Ellos se fueron largando uno a uno en auxilio del otro, desconociendo totalmente lo que había ahí adentro, porque nunca tuvieron un curso de capacitación”, explicó el padre de Emanuel.
“Estamos casi como al principio. Se avanzó muy poco en la causa judicial”, afirmó Miguel Aguirre, padre de Emanuel, al cuestionar el accionar de la Fiscalía y reclamar que se investiguen las responsabilidades dentro de la empresa.
Según explicó, hasta el momento la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, solo tomó declaración a uno de los operarios que integraba la cuadrilla y que sobrevivió al episodio.
“Sabemos que la fiscal citó únicamente a un solo operario que estuvo ese día de la tragedia y no citó a nadie más”, sostuvo.
Además, afirmó a Gente de Salta que recién después de la tragedia descubrieron la peligrosidad de los gases letales presentes en ese tipo de instalaciones. “Si ellos sabían que había gases letales, no se largaban ahí. Entraron porque desconocían totalmente el riesgo”, remarcó.
Para la familia de Emanuel Aguirre, la tragedia fue consecuencia direc
ta de una grave negligencia empresarial. “Para nosotros esto es un homicidio culposo. Cuando es un homicidio, alguien tiene que ir detrás de las rejas”, expresó con dolor uno de sus familiares, al reclamar avances concretos en la investigación por la muerte de los dos operarios.
Además, apuntaron contra Aguas del Norte por la falta de inversión en medidas básicas de seguridad laboral. Según denunciaron, un detector de gases tóxicos —que habría permitido advertir el peligro dentro del pozo— tiene un costo estimado de entre 200 y 300 mil pesos. “Con solo haber tenido ese aparato no tendríamos que estar lamentando la muerte de mi hijo y de su compañero Raúl”, sostuvo Aguirre. También cuestionó las versiones de la empresa sobre la existencia de elementos de protección y se preguntó quién controlaba efectivamente su uso en el lugar de trabajo.
Críticas a la Fiscalía y sospechas sobre la investigación
Miguel Aguirre también expresó fuertes críticas hacia el accionar judicial y aseguró no confiar en cómo se está llevando adelante la causa.
“A mí me llama poderosamente la atención el actuar de la fiscal. Ya tendría que haber pedido informes y citado a más personas”, sostuvo.
Incluso deslizó sospechas sobre una posible falta de voluntad para avanzar en la investigación. “Ojalá me tape la boca y haga bien su trabajo, pero hasta ahora no nos inspira confianza”, afirmó. La familia también denunció irregularidades en el proceso posterior a las muertes, especialmente en la entrega de los cuerpos y en la realización de las autopsias.
Uno de los aspectos que más indignación genera en la familia es que, según denunciaron, no se realizó la autopsia completa a los cuerpos de las víctimas. “No se hizo autopsia”, aseguró Aguirre, quien reveló además un estremecedor detalle sobre el nivel de toxicidad al que estuvieron expuestos los trabajadores. De acuerdo a su relato, desde el equipo forense les explicaron que los gases presentes en los cuerpos representaban un riesgo incluso para el personal médico.
“Nos dijeron que con solo abrir una pequeña muestra de sangre, los gases hicieron sentir mal a los trabajadores del laboratorio”, afirmó, dejando en evidencia la gravedad del ambiente al que habrían sido sometidos Emanuel Aguirre y Raúl Torres antes de morir.
En medio del dolor, los familiares también denunciaron precariedad estructural dentro de la empresa estatal. Según relataron, incluso después de la tragedia continuaron observando irregularidades en los trabajos de desagote y mantenimiento en la zona.
“Después de la muerte de mi hijo me mandaron videos donde se veía que seguían trabajando con vehículos prestados por la Municipalidad y camionetas particulares de operarios. No les importa la vida de la gente”, denunció Aguirre.
Finalmente, el padre de Emanuel cuestionó la falta de inversión en elementos básicos de seguridad y lanzó una dura reflexión: “Mueven millonadas y no pueden invertir 200 mil pesos en un aparato que salva vidas. Son personas insensibles, que no tienen ningún interés por la vida de los trabajadores”.
La tragedia vuelve a poner en discusión una realidad que se repite demasiado seguido en Salta: trabajadores expuestos a condiciones precarias mientras la política parece llegar siempre tarde. Cuando una familia denuncia que una vida podría haberse salvado con un simple detector de gases, el problema deja de ser un accidente y pasa a reflejar fallas estructurales, controles ausentes y prioridades completamente distorsionadas.
En medio del dolor, también crecen los cuestionamientos hacia dirigentes y funcionarios que acumulan cargos y responsabilidades, como ocurre con Ignacio Jarsún, quien tiene dos cargos: presidente del directorio de Aguas del Norte y ministro de Gobierno y Justicia de Salta, y había quedado envuelto en una tema muy delicado en 2024, cuando fue detenido en un control de alcoholemia y le retuvieron la camioneta tras registrar 1,24 gramos de alcohol en sangre. Para muchos familiares y trabajadores, estos antecedentes reflejan una desconexión entre la dirigencia y los problemas reales que atraviesan quienes todos los días arriesgan su vida en condiciones laborales precarias.