Protección a baldazos
Cada temporada de incendios deja una imagen repetida en Salta: bomberos enfrentando enormes columnas de fuego, familias intentando proteger sus viviendas y vecinos colaborando con lo que tienen a mano. Baldes de agua, mangueras domésticas, palas y herramientas improvisadas aparecen muchas veces como parte de una primera línea de defensa frente a incendios de pastizales que avanzan rápidamente sobre zonas pobladas.
En paralelo, Gente de Salta dio a conocer un dato que abre un debate sobre las prioridades del gasto público: el Ministerio de Educación de Salta continuará utilizando dos edificios céntricos cuyos contratos de alquiler representan un compromiso económico superior a los $1.045 millones, sin contemplar futuras actualizaciones.
Se trata de los inmuebles ubicados en Catamarca 70 y Caseros 322, utilizados por distintas áreas administrativas y técnicas del Ministerio. Los contratos tienen como locadores a Jorgelina Lávaque y Sergio Daniel Lafuente, familiares del juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Alejandro Lávaque.
El alquiler de mayor peso corresponde a Catamarca 70, donde funciona la Dirección General de Administración de Educación. El acuerdo establece un canon inicial de $26.032.890 mensuales por tres años, lo que representa un desembolso mínimo proyectado de $937 millones, sin contar actualizaciones.
A eso se suma el contrato de Caseros 322, que lleva el compromiso acumulado por ambas propiedades por encima de los $1.045 millones.
¿Cuántos bomberos podría preparar Salta con ese monto?
Equipar a un bombero para combatir incendios no consiste solamente en entregar un uniforme. Un profesional necesita un equipo de protección personal certificado, diseñado para soportar temperaturas extremas y condiciones de riesgo.
El kit básico incluye traje estructural ignífugo, casco profesional, botas especiales, guantes resistentes al fuego, capucha ignífuga, equipo de respiración autónoma y elementos de protección complementarios.
Según valores difundidos por asociaciones de bomberos a través de sus cuentas en redes sociales, equipar completamente a un bombero puede costar entre $13 millones y $15 millones, dependiendo del equipamiento y la cotización de los elementos importados.
Marcos Ismael Castillo, bombero voluntario hace 23 años en el Cuartel Martín Miguel de Güemes, le dijo a este medio que según los cálculos más recientes para los trabajadores salteños, se requiere de un equipo de respiración autónoma que puede rondar los 9 millones de pesos; un equipo estructural 5 millones de pesos; una manga y una línea, más conocida como la manguera de la autobomba, cuesta 1 millón de pesos. La misma debe cambiarse eventualmente cada año por pinchaduras o roturas. Esto es solo una parte del equipamiento, a ello se le deben sumar gastos de mantenimiento de la estación de bomberos, respuestas o arreglos de la autobomba, entre otros.
Con esa referencia, la cuenta es directa:
$1.045 millones en alquileres equivalen a:
- 80 bomberos completamente equipados, si se toma un costo aproximado de $13 millones por equipo.
- 69 bomberos equipados, si se calcula un valor de $15 millones por persona.
Es decir, el equivalente económico de esos dos contratos de alquiler podría representar la posibilidad de preparar entre tres y cuatro dotaciones completas de bomberos, considerando grupos de alrededor de 20 integrantes.
No solo hacen falta trajes: cuánto cuesta poner operativo un cuartel
El desafío no termina en la ropa de protección. Un cuartel necesita vehículos, herramientas, equipos de comunicación y elementos para intervenir en incendios urbanos y forestales. En Argentina, montar una capacidad operativa básica puede variar según la escala:
Una autobomba usada importada, equipada con bomba y tanque de agua, puede ubicarse aproximadamente entre USD 30.000 y USD 60.000, dependiendo del modelo, antigüedad y estado. Los camiones cisterna para abastecimiento de agua pueden rondar entre USD 35.000 y USD 50.000.
También existen alternativas más económicas con unidades nacionales antiguas o vehículos de ataque rápido, aunque con menor capacidad operativa.
Por eso, muchos cuarteles que buscan iniciar o reforzar su capacidad operativa apuntan a presupuestos iniciales cercanos a los USD 45.000, es decir alrededor de 67 millones de pesos, que pueden permitir adquirir una unidad usada en condiciones de servicio y equipar a una primera dotación.
Con los $1.045 millones comprometidos en los alquileres de dos edificios del Ministerio de Educación, la comparación con el sistema de emergencias permite dimensionar la magnitud de la inversión: tomando como referencia una autobomba usada importada equipada con bomba y tanque de agua, cuyo valor puede ubicarse entre USD 30.000 y USD 60.000, ese monto podría representar la compra de aproximadamente de 15 o 16 autobombas de primera respuesta, dependiendo del modelo y las condiciones de adquisición.
También podría equivaler a entre 14 y 20 camiones cisterna destinados al abastecimiento de agua durante incendios, o financiar la puesta en marcha de varias dotaciones completas con vehículos, herramientas y equipamiento básico.
El debate que vuelve cada invierno
El alquiler de edificios públicos forma parte del funcionamiento administrativo del Estado y no implica por sí mismo una irregularidad. Las dependencias necesitan lugares donde trabajar y los contratos deben evaluarse según condiciones legales y económicas.
La discusión no implica que el Estado no deba alquilar espacios para garantizar el funcionamiento de áreas importantes de la administración pública. Los organismos necesitan oficinas adecuadas, accesibles y con condiciones de trabajo acordes para sus empleados y para la atención de los ciudadanos.
Sin embargo, el planteo que surge es si existen alternativas más eficientes y menos costosas para ubicar esas dependencias, especialmente cuando se trata de contratos millonarios sostenidos durante años.
La pregunta no apunta a eliminar los alquileres, sino a revisar si todos los inmuebles contratados son imprescindibles, si existen edificios públicos disponibles o espacios alternativos donde puedan funcionar esas áreas, y si parte de esos recursos podrían destinarse a necesidades críticas como prevención de incendios, equipamiento de bomberos y sistemas de emergencia.
Hay quienes sugieren reubicar oficinas en espacios públicos o colegios que ya no se usan, por ejemplo, etc.
En una provincia donde cada temporada se repiten incendios de gran magnitud, la discusión sobre las prioridades del gasto público vuelve a quedar sobre la mesa: qué recursos se destinan al funcionamiento administrativo y cuánto se invierte en proteger vidas y bienes frente a emergencias que se repiten todos los años.